La reciente iniciativa presentada por el Partido de Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México ha generado un cúmulo de inquietudes, debates y críticas. A través de la llamada “Ley del Sistema Metro”, el PAN propone modificar las tarifas del transporte público en función de la distancia o número de estaciones recorridas. Este cambio sugiere un posible escenario de privatización encubierta y plantea serios desafíos a la justicia social en una de las ciudades más pobladas del mundo.
Un cambio radical en la estructura tarifaria
La propuesta panista introduce un cambio radical: dejar de cobrar una tarifa fija de 5 pesos por viaje, independientemente de la distancia recorrida, para adoptar un sistema de cobro por estación. Esta medida, según los proponentes, beneficiaría a aquellos que viajan menos de diez estaciones con una tarifa más baja. Sin embargo, este beneficio parece eclipsarse frente a las preocupaciones sobre los costos más elevados para quienes realizan trayectos más largos, afectando principalmente a las poblaciones periféricas y de bajos recursos que dependen del metro para sus desplazamientos diarios.
Impacto social de privatizar el metro
El metro como derecho social y no como mercancía
El metro de la Ciudad de México no es solo un medio de transporte; es un servicio esencial que garantiza el derecho a la movilidad en una ciudad donde no todos pueden permitirse otras formas de transporte. Al vincular el costo del viaje a la cantidad de estaciones recorridas, la propuesta del PAN podría transformar un derecho básico en una mercancía, penalizando a quienes viven lejos del centro debido a la gentrificación y el alto costo de la vivienda en áreas más céntricas.
Vulnerabilidad de grupos específicos
Mientras los defensores de la propuesta sugieren que incluiría exenciones para personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores, y tarifas preferenciales para otros grupos, críticos señalan que en realidad, el documento presentado ante el Congreso no menciona específicamente estas exenciones. Esto ha generado preocupaciones de que tales afirmaciones puedan ser distractores para suavizar la percepción pública de la propuesta.
Si estas exenciones no están formalmente incluidas, los impactos podrían ser devastadores para los grupos más vulnerables de la sociedad. En particular, las mujeres, que constituyen una parte significativa de la fuerza laboral en empleos mal remunerados y en sectores informales, serían desproporcionadamente afectadas por un aumento en los costos de transporte.
¿Es realmente una privatización?
El término privatizar puede parecer exagerado para algunos, pero lo que está claro es que la propuesta introduce elementos de un modelo de negocio que prioriza la eficiencia económica sobre la equidad social. Al adoptar un sistema de pago por distancia, el Metro podría comenzar a operar bajo principios más cercanos a los de una entidad privada, donde los costos y los ingresos dictan la accesibilidad y la calidad del servicio.
Reacción política y social
El debate en el congreso refleja una división ideológica profunda. Mientras los diputados del PAN defienden la medida como un paso hacia un sistema más justo y eficiente, los críticos, incluyendo miembros del partido Morena, advierten sobre un posible “tarifazo” y la ambigüedad de la propuesta que podría abrir la puerta a futuros aumentos exorbitantes en las tarifas.
La propuesta también ha activado a diversas comunidades y colectivos que ven en esta medida un retroceso en los derechos conquistados. Estas comunidades están organizando movilizaciones, campañas de información y diálogos comunitarios para resistir lo que perciben como un ataque a su derecho a una ciudad accesible y habitable.
La necesidad de una política de transporte inclusiva
Más allá del debate inmediato, la controversia destaca la necesidad urgente de una política de transporte que sea genuinamente inclusiva y equitativa. Esto implica no solo repensar las tarifas, sino también mejorar la calidad del servicio, expandir la infraestructura y garantizar que el transporte público siga siendo un espacio seguro y accesible para todos los ciudadanos.
La discusión sobre la “Ley del Sistema Metro” no es simplemente una cuestión de política pública o administración urbana; es un debate sobre qué tipo de ciudad queremos construir y para quién. Los ciudadanos de la Ciudad de México merecen un sistema de transporte que refuerce, no que socave, la equidad y la inclusión. Por lo tanto, es imperativo que esta propuesta sea sometida a un escrutinio público riguroso y que cualquier cambio en el sistema de transporte responda a las necesidades de todos los habitantes de la ciudad, no solo a los intereses económicos o políticos de unos pocos.
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Necesitamos vigilancia y participación ciudadana
Es crucial que la ciudadanía mantenga un rol activo y crítico frente a estas propuestas, utilizando todos los medios a su alcance para participar en el proceso legislativo y en la vigilancia de las políticas públicas. La transparencia y la participación son fundamentales para asegurar que los cambios en el sistema de transporte público no solo respondan a las necesidades logísticas, sino también a los principios de justicia social y equidad.
En conclusión, la “Ley del Sistema Metro” propuesta por el PAN es un tema de gran relevancia que merece un escrutinio detallado y una discusión amplia. Los ciudadanos de la Ciudad de México deben estar atentos y exigir que cualquier cambio en el sistema de transporte público se realice con una consideración completa de sus impactos sociales y económicos, asegurando que el metro siga siendo un servicio público fundamental, accesible y asequible para todos.
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