La reciente aprobación de la reforma legislativa en México que prohíbe las terapias de conversión es un hito en la lucha por los derechos y la protección de la comunidad LGBTTIQ+. Esta decisión no solo refleja un cambio en la percepción social y política hacia las minorías sexuales y de género, sino que también establece un precedente legal para el tratamiento de estas prácticas dañinas. A continuación, se detalla en profundidad el significado y las implicaciones de esta reforma, desglosando su impacto, las partes involucradas y el proceso para su implementación.
¿Qué son las terapias de conversión?
Las terapias de conversión, erróneamente denominadas como tratamientos, parten de la falsa premisa de que las orientaciones sexuales no heterosexuales y las identidades de género no cisgénero son condiciones que pueden y deben ser “corregidas”. A lo largo de las décadas, estas prácticas han adoptado formas variadas, desde “consejería” y “terapia de oración” hasta métodos más extremos como la “terapia de aversión”, que pueden incluir exposición a estímulos físicamente dolorosos. Estas terapias se basan en teorías psicológicas anticuadas y desacreditadas, y numerosos estudios han demostrado que no solo son ineficaces, sino que también son profundamente perjudiciales, llevando a efectos como la depresión, la ansiedad, y en casos trágicos, al suicidio.
¿Quiénes votaron a favor e impulsaron el proyecto?
La reforma fue apoyada por una amplia coalición de partidos políticos que reconocen la necesidad urgente de proteger a las personas LGBTTIQ+ de prácticas abusivas y deshumanizantes. Morena, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el Partido del Trabajo (PT) lideraron la iniciativa, mostrando un frente unido en favor de la diversidad y la inclusión. Este apoyo bipartidista evidencia una evolución en el pensamiento político y social de México, destacando la importancia de la protección de los derechos humanos sobre las divisiones ideológicas.
¿Qué implica esta nueva reforma a la ley?
Con la aprobación de esta reforma, México se une a un selecto grupo de países que han tomado medidas legales contra las terapias de conversión. Las modificaciones al Código Penal Federal y la adición del artículo 465 Bis a la Ley General de Salud establecen claras prohibiciones contra cualquier intervención destinada a cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Las penas para quienes infrinjan esta ley varían desde multas sustanciales hasta periodos de prisión de dos a seis años, evidenciando la seriedad con la que el Estado mexicano está abordando esta cuestión. Además, se estipula que las penas se incrementarán en situaciones donde las víctimas sean especialmente vulnerables, como menores de edad, personas mayores o aquellos con discapacidad.
¿Qué partidos políticos votaron en contra?
El Partido Acción Nacional (PAN) decidió votar en contra. Esta decisión ha llamado bastante la atención y ha generado críticas, considerando el contraste que a veces intenta mostrar el PAN en cuanto a su postura sobre temas sociales y de libertades individuales.
El PAN ha sido etiquetado tradicionalmente como un partido con inclinaciones conservadoras, especialmente en temas relacionados con la moralidad y los derechos sociales. A pesar de que en ocasiones tratan de blanquear y suavizar esta imagen presentándose como más “liberales” o abiertos, la verdad es que acciones hablan más fuerte que palabras. Votar en contra de una iniciativa que busca proteger a las personas de prácticas dañinas y claramente violatorias de los derechos humanos, como son las terapias de conversión, muestra una falta de compromiso real con la libertad y los derechos de todos los ciudadanos.
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¿A quién sanciona esta nueva reforma a la ley?
La ley no solo apunta a los profesionales que realizan estas prácticas, sino también a cualquier persona que promueva, financie o coaccione a alguien para someterse a estas terapias, incluidos padres y tutores. Esta inclusión es crucial, ya que muchas veces son los familiares quienes, por ignorancia o prejuicio, impulsan a sus seres queridos a estas terapias dañinas. Al imponer sanciones a estos individuos, la ley busca erradicar la raíz del problema, promoviendo un cambio cultural hacia la aceptación y el respeto.
¿Cómo denunciar y qué pasa si denuncias?
El proceso para denunciar las terapias de conversión se ha simplificado, permitiendo que cualquier persona que tenga conocimiento de la realización de estas prácticas ilegales pueda presentar una denuncia ante las autoridades. Esto es significativo, ya que reduce las barreras para buscar justicia y protección. Una vez presentada la denuncia, el Ministerio Público está obligado a iniciar una investigación, proporcionando un canal para que las víctimas reciban el apoyo necesario. Este enfoque proactivo en la aplicación de la ley es un paso adelante en garantizar que los derechos de las personas LGBTTIQ+ sean respetados y protegidos.
¿Una activista por los derechos trans influyó en esta decisión?
María Clemente García, en la Cámara de Diputados el 20 de marzo, tan solo dos días antes de la aprobación de la reforma legislativa que prohíbe las terapias de conversión denunció la inacción política.
La diputada tomó la tribuna para denunciar la falta de acción tanto de su propio partido, Morena, como de la oposición, respecto a la legislación en favor de los derechos de las comunidades LGBTTIQ+. De manera directa, expresó su frustración y la urgencia de abordar estas cuestiones legislativas.
María Clemente García no solo acusó la inacción de los partidos políticos, sino que también se dirigió específicamente a Marcela Guerra, presidenta de la Mesa Directiva, recriminando el incumplimiento de su palabra por no incluir en la orden del día el dictamen que busca castigar cualquier intento de suprimir o reprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas. La diputada manifestó con firmeza: “Quedaron la semana pasada que hoy miércoles se iba a discutir y no viene en el orden del día. Si no se discuten nuestros derechos, no se discuten los de nadie, porque somos personas también y ciudadanas. ¡Es una agresión a los derechos de las personas LGBT. Se clausura la sesión!”
En una declaración que resuena con la frustración de ser marginados y utilizados políticamente sin recibir apoyo real, García criticó duramente tanto a la izquierda como a la derecha políticas, alegando que ambas facciones utilizan a la comunidad LGBTTIQ+ sin verdaderamente legislar en su favor. “Yo por eso le digo a la población LGBT: mejor anulen su voto, no voten ni por Xóchitl ni por Claudia, porque son una farsa de un lado y otro, porque ni la derecha ni la izquierda nos quieren, solamente nos utilizan y la prueba más clara somos Salma Luévano y yo, solo somos utilizadas para tener una cara, pero no hay derechos para personas trans, ni para las personas LGBT”; dijo.
Impacto en la comunidad LGBTTIQ+
La prohibición de las terapias de conversión es una victoria monumental para la comunidad LGBTTIQ+ en México. Significa el reconocimiento por parte del Estado de los daños causados por estas prácticas y establece un precedente importante en la lucha contra la discriminación y el abuso. Este cambio legislativo envía un mensaje claro de apoyo y solidaridad hacia las personas LGBTTIQ+, fortaleciendo los esfuerzos hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad.
Conclusión
La aprobación de esta reforma legislativa marca un punto de inflexión en la historia de los derechos LGBTTIQ+ en México. Representa un compromiso firme con la protección de la dignidad y los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Aunque aún queda mucho camino por recorrer en la lucha por la igualdad total, esta ley es un paso significativo hacia el reconocimiento y la aceptación de la diversidad sexual y de género como partes naturales y valiosas de la sociedad mexicana.
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