En Iztapalapa, una de las alcaldías más pobladas y complejas de Ciudad de México, un evento violento ha resaltado nuevamente las deficiencias críticas en el sistema de justicia mexicano. Alondra, una adolescente de apenas 13 años, fue apuñalada 15 veces por su exnovio, Rodrigo “N”, también de 13 años. Este acto brutal ha generado una ola de indignación tras la noticia de que Rodrigo ha sido liberado, argumentando que su edad lo exime de ser juzgado como un adulto bajo las leyes mexicanas.
¿Qué pasó y cómo pasó el ataque?
El 17 de abril, al salir de la secundaria Liceo Emperadores Aztecas, Alondra fue sorprendida por Rodrigo, quien no asistió a clases ese día y esperó vestido de civil. Testigos relatan cómo la arrastró detrás de un camión, intentando asfixiarla y apuñalándola repetidamente. Vecinos del área, al percatarse de la agresión, detuvieron y golpearon al joven antes de entregarlo a las autoridades. A pesar de la gravedad del ataque, que claramente apuntaba a un intento de feminicidio, la justicia ha optado por liberar al agresor, basándose en su condición de menor de edad.
La decisión judicial: un sistema fallido
La liberación de Rodrigo “N” se sustenta en la legislación mexicana que dicta que menores de 14 años no son imputables. Sin embargo, esta ley ha provocado un fuerte debate sobre si realmente se administra justicia o se perpetúa la impunidad. La familia de Alondra y diversos sectores de la sociedad mexicana han exigido que se reconsidere esta decisión, argumentando que el acto violento debería ser calificado como tentativa de feminicidio, un delito que ha escalado alarmantemente en México.
Al eximir a Rodrigo de cualquier responsabilidad penal bajo el pretexto de su minoría de edad, el sistema no solo traiciona a Alondra y su innegable sufrimiento, sino que también falla miserablemente a toda la sociedad, perpetuando un ciclo vicioso de impunidad y violencia.
Esta decisión judicial no solo es profundamente inmoral, sino que además pone en evidencia la incapacidad del sistema de justicia para adaptarse a las realidades actuales donde los menores son cada vez más a menudo perpetradores de actos violentos extremos. En lugar de buscar una solución que equilibre la necesidad de rehabilitación del menor con la justicia para la víctima, el sistema opta por la ruta más fácil: la absolución por tecnicismos legales que ignoran el dolor y el trauma irreversibles causados a la víctima.
¿Qué mensaje se envía a los futuros agresores cuando un acto tan heinous queda esencialmente sin castigo? ¿Cómo se supone que las víctimas confíen en un sistema que las revictimiza, dejándolas desprotegidas y vulnerables?
Feminicidios en México: Una Epidemia No Resuelta
México enfrenta una crisis severa de feminicidios, con un caso de feminicidio infantil reportado cada cinco días. Esta escalada en la violencia juvenil refleja una falla catastrófica de las instituciones encargadas de la educación y la justicia, y un fracaso social en su conjunto, que ve cómo sus jóvenes se convierten en victimarios sin recibir una respuesta efectiva del Estado.
No es solo que los casos de feminicidios sigan en aumento; es que ahora, cada vez más frecuentemente, los responsables de estos actos atroces son niños y adolescentes. Esta tendencia es un testimonio devastador de la descomposición social y del vacío de poder que permite que estos jóvenes actúen con una impunidad casi absoluta. No hay una acción contundente, no hay políticas eficaces ni reformas legales que aborden esta problemática de manera directa y sin rodeos.
Impunidad y derechos: ¿quién protege a las víctimas?
El caso de Alondra destaca una discrepancia alarmante en cómo se balancean los derechos de los victimarios menores frente a los derechos de las víctimas. Aunque es comprensible que se busque rehabilitar a jóvenes infractores, es fundamental cuestionar un sistema que permite que un acto de violencia tan grave quede sin las repercusiones adecuadas. Esta situación subraya la urgente necesidad de reformar la ley para que contemple medidas de responsabilidad adecuadas, incluso para los menores.
El caso de Alondra es un ejemplo escalofriante de cómo la violencia de género ha permeado a las generaciones más jóvenes, poniendo en evidencia que ni siquiera los menores están exentos de convertirse en perpetradores de feminicidios. Este no es solo un problema de seguridad pública; es una crisis de valores, de educación y de política criminal que México ha dejado fermentar por demasiado tiempo.
🔴 Así el nivel de Justicia en #México.
— Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) April 24, 2024
Por no ser "sujeto de la ley", liberan a Rodrigo "N" de 13 años, tras apuñalar 15 veces a su exnovia porque no quiso regresar con el.
La víctima sigue hospitalizada. 🇲🇽 #NiUnaMenos pic.twitter.com/k0r0WDtcmH
Nos urge una reforma judicial
Este caso debería funcionar como un catalizador para una reforma profunda del sistema de justicia penal para adolescentes en México. Es crucial establecer un marco legal que permita tratar estos casos con la seriedad que merecen, asegurando que los menores también entiendan la gravedad de sus acciones y las consecuencias legales de las mismas. Además, es imperativo fortalecer los programas de educación y prevención para abordar las raíces de la violencia de género desde una edad temprana.
Sin un enfoque multidimensional para resolver este fenómeno, seguirá aumentando el número de víctimas, y la nación continuará enfrentándose a una de las más graves violaciones a los derechos humanos en su historia contemporánea.
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Conclusión: la necesidad de justicia y protección
La liberación de Rodrigo “N” tras intentar asesinar a Alondra es un ejemplo de cómo el sistema de justicia en México falla en proteger a las víctimas y en enviar un mensaje claro contra la violencia de género.
Este incidente debería servir como un despertador brutal para México, un país ya desgarrado por la violencia de género, donde la ley parece más preocupada por las formalidades procesales que por la justicia real o la prevención. Es hora de exigir y efectuar cambios profundos en cómo se tratan los delitos cometidos por menores en México. No podemos permitir que la juventud de nuestra nación se enfrasque en ciclos de violencia que no solo desintegran el tejido social, sino que también establecen precedentes peligrosos de impunidad y falta de responsabilidad.
La sociedad mexicana debe levantarse en demanda de un sistema judicial que no solo castigue adecuadamente a los culpables, sino que también eduque y rehabilite a los jóvenes infractores. Debe abogar por una reforma legislativa que no solo mire la edad, sino la gravedad y las circunstancias de los crímenes. Necesitamos un enfoque más humano y justo que proteja verdaderamente a las víctimas y busque soluciones a largo plazo para una paz y seguridad duraderas.
La liberación de Rodrigo “N” no debe verse simplemente como un fallo legal, sino como un fallo moral de una sociedad que debe hacer mucho más por sus niños y niñas. Si México no actúa ahora, ¿cuántas Alondras más deberán sufrir antes de que se tome en serio la justicia y la protección de sus ciudadanos?
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