El reciente dictamen del Congreso de Aguascalientes que reduce el límite para la interrupción legal del embarazo de 12 a 6 semanas es un golpe certero a los derechos reproductivos de las mujeres. Esta medida, impulsada por una mayoría panista en el poder legislativo local, no solo desobedece las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino que también ignora los principios más básicos de los derechos humanos. En un país donde la violencia de género y la discriminación son problemas endémicos, este tipo de retrocesos legales no pueden ser interpretados de otra manera que como un ataque frontal a la autonomía y dignidad de las mujeres.
El contexto legal: desacato a la Suprema Corte
En diciembre de 2023, la SCJN emitió una resolución histórica: la despenalización del aborto en Aguascalientes, que estableció un límite de 12 semanas de gestación para la interrupción legal del embarazo. Esta decisión no fue tomada a la ligera, sino como resultado de años de lucha por parte de colectivos feministas y organizaciones de la sociedad civil que exigían que el Estado respetara y garantizara los derechos reproductivos de las mujeres.
Sin embargo, menos de un año después, el Congreso de Aguascalientes decidió ignorar esta sentencia y aprobar una reforma que reduce el plazo legal a solo 6 semanas, un periodo de tiempo en el que muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Este acto de desacato es un claro ejemplo de cómo las autoridades locales están dispuestas a subvertir el estado de derecho para imponer sus ideologías conservadoras, sin importar el costo que esto tenga para las mujeres.
¿Qué significa realmente reducción de plazos?
Reducir el límite para la interrupción legal del embarazo a 6 semanas es, en la práctica, prohibir el aborto. Esta medida ignora por completo las realidades biológicas y sociales a las que se enfrentan las mujeres. El descubrimiento del embarazo suele ocurrir después de la sexta semana de gestación, lo que hace que este límite sea impracticable y profundamente injusto. Para muchas mujeres, especialmente aquellas que viven en situaciones de pobreza, violencia o marginación, acceder a los servicios de salud y confirmar un embarazo en un plazo tan corto es casi imposible.
Este tipo de legislación no solo es restrictiva, sino que también es cruel. Obliga a las mujeres a tomar decisiones rápidas y desesperadas, sin considerar las circunstancias individuales que podrían influir en su capacidad para continuar con un embarazo. Esta ley pone en riesgo la salud física y mental de las mujeres, empujándolas hacia métodos inseguros de interrupción del embarazo, que pueden tener consecuencias fatales.
Las consecuencias de la criminalización del aborto
Las reformas aprobadas en Aguascalientes no solo limitan el tiempo para abortar, sino que también aumentan las sanciones para quienes decidan interrumpir su embarazo después de las 6 semanas. Estas sanciones incluyen penas de prisión y multas económicas, lo que añade una capa adicional de violencia institucional contra las mujeres. Es importante recordar que la criminalización del aborto no reduce el número de abortos, solo los hace más peligrosos.
La historia y la evidencia internacional son claras: cuando el aborto es ilegal o está severamente restringido, las mujeres recurren a métodos clandestinos, poniendo en peligro sus vidas. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año mueren alrededor de 47,000 mujeres como resultado de abortos inseguros. Estas muertes son prevenibles, pero solo si se garantiza el acceso a servicios de aborto seguros y legales.
Un ataque a los derechos humanos
El derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un derecho humano fundamental. Cuando el Estado impone restricciones al aborto, está negando a las mujeres la capacidad de ejercer ese derecho. Esto es particularmente alarmante en un contexto como el de México, donde la violencia de género y las desigualdades sociales ya colocan a las mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema.
Al aprobar estas reformas, el Congreso de Aguascalientes ha demostrado su desprecio por los derechos humanos y su disposición a subordinar los derechos de las mujeres a sus propias convicciones ideológicas. Este tipo de políticas no solo son una violación de los derechos de las mujeres, sino que también son una afrenta a la justicia social y a la igualdad de género.
La resistencia feminista: Morras Help Morras
En medio de este retroceso, la resistencia feminista no se ha hecho esperar. Organizaciones como Morras Help Morras, que fueron parte fundamental en la lucha por la despenalización del aborto en Aguascalientes, han alzado la voz para denunciar este atropello a los derechos de las mujeres. Estas activistas han dejado claro que no se quedarán de brazos cruzados mientras el Estado intenta controlar sus cuerpos y sus vidas.
La lucha feminista ha sido y sigue siendo una lucha por la vida, la dignidad y la autonomía. No es una batalla fácil ni exenta de riesgos, pero es una lucha que no se puede abandonar. La aprobación de estas reformas es un recordatorio de que los derechos ganados no son inamovibles y que es necesario seguir luchando para protegerlos.
El rol de las instituciones de salud
Además de las barreras legales, las mujeres en Aguascalientes se enfrentan a un sistema de salud que, en muchos casos, se niega a proporcionar los servicios de aborto legal, incluso cuando estos están permitidos por la ley. Desde la despenalización del aborto en 2023, se han documentado numerosos casos de negación de servicios, dilación en la atención y trato discriminatorio por parte del personal de salud.
Estas prácticas son inaceptables y representan una forma de violencia institucional que agrava la situación de las mujeres que buscan ejercer su derecho a decidir. Es imperativo que se tomen medidas para garantizar que todas las mujeres, sin importar su situación socioeconómica, puedan acceder a los servicios de salud reproductiva de manera segura y sin obstáculos.
El impacto psicológico de la restricción del aborto
La restricción del aborto no solo afecta la salud física de las mujeres, sino que también tiene un impacto profundo en su bienestar psicológico. Ser obligada a continuar con un embarazo no deseado puede generar una angustia emocional severa, que puede llevar a problemas de salud mental como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Además, las mujeres que no pueden acceder a un aborto seguro y recurren a métodos inseguros están expuestas a un trauma adicional, que puede tener consecuencias duraderas.
Es fundamental reconocer que la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo es crucial para la salud mental y el bienestar general de las mujeres. La negación de este derecho es una forma de violencia que tiene un impacto devastador en la vida de las mujeres y sus familias.
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Conclusión: la urgencia de la resistencia
La aprobación de estas reformas en Aguascalientes es un recordatorio brutal de que la lucha por los derechos de las mujeres está lejos de haber terminado. En un momento en el que se han logrado avances significativos en la despenalización del aborto en varias partes del país, este retroceso es un intento descarado de reprimir los derechos reproductivos de las mujeres.
Es más urgente que nunca que la sociedad civil, las organizaciones feministas y todas las personas comprometidas con la justicia social se unan para resistir este ataque. La lucha por el derecho al aborto no es solo una lucha por la autonomía de las mujeres, sino también una lucha por la igualdad, la justicia y la dignidad humana.
La batalla no ha terminado, y mientras haya mujeres dispuestas a alzar la voz y exigir sus derechos, la resistencia seguirá viva. Porque, al final del día, esta no es solo una lucha por el aborto, sino una lucha por el derecho de cada mujer a decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida. Y esa es una lucha que no podemos permitirnos perder.
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